Mostrando las entradas con la etiqueta GÉNERO. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta GÉNERO. Mostrar todas las entradas

domingo, 19 de octubre de 2008

NIÑAS MADRE


Durante las últimas semanas se conocieron dos casos de niñas de apenas once años con embarazos tan avanzados que ya no puede siquiera discutirse sobre la pertenencia de un aborto no punible. Estas historias tan pequeñas como sus protagonistas son emergentes: año a año, el número de niñas madres aumenta en la Argentina –en Santa Fe, por ejemplo, sólo en la mitad de 2005, 307 niñas menores de 14 dieron a luz–: una situación que se registra como grave, aunque no lo suficiente.
A los 11 años la menstruación viene o está por venir o ya le vino a una compañera de banco y una espera esa marea roja como se espera lo desconocido: con temor, desesperación, pasión, alegría, dolor o expectativa. A los 11 –o 12– años la menstruación divide. Pero no es un ritual de tacos altos o un beso inaugural. No es un rito, es un rastro. A los 11 años aparece la palabra mancha –y ya no por juego–, pero esos 11 años no son iguales para todas las niñas argentinas. Para esperar hay que saber qué se espera. Y para saber –a los 11 años– alguien (de más de 11) tiene que saber explicar que ese cuerpo es decisión y deseo. No manipulación o destino.
Este último mes las noticias se plagaron de títulos con nenas de 11 años que no tendrían que haber dejado –ni dejar– la sala de pediatría y ya están acorraladas en la de obstetricia. Son noticia porque esta vez el capricho de las noticias las sacó del silencio. Pero no son las primeras, ni las únicas. “Está creciendo la cantidad de nenas que se embarazan desde que menstrúan –que puede ser a los 9 años– hasta los 14. La tasa de fecundidad por mil para la franja de 10 a 14 años, en 1960, era de 1,0 por cada mil pre-adolescentes. En cambio, ahora, es de 1,8”, resalta Mabel Bianco, médica y presidenta de la Fundación Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).
Una de ellas es la niña-nena o gurisa, como acaricia el guaraní el nombre de las chicas, que no esperaba su menstruación: ni esperaba que le viniera, ni que se vaya, ni que volviera. Su mamá tampoco se fijaba en ella, pero habría que ver qué es fijarse en lugares sin baños, sin toallitas volcando sangre azul como en la tele, sin alas, olores, sin información. Su mamá la llevó al hospital San José por vómitos y se enteró de que su hija –de 11 años y apenas 1,30 de estatura para imaginarse la fragilidad de su cuerpo– estaba embarazada de seis meses. Los médicos dijeron que el embarazo es de alto riesgo porque su contextura física (recién ahora pesa 47 kilos y medio) no está preparada para sobrellevar un embarazo y sus huesos no le dan para un parto natural. La internaron y ella, la gurisa, se escapó. Se escapó del hospital San José para volver a jugar en las calles de tierra, como quien quiere escaparse de un destino. Que no tendría por qué serlo.
Los diarios escribieron que fue presuntamente violada –un presunto que no usan cuando tienen que culpar a un presunto ladrón de su presunto delito– como si a los 11 años una nena embarazada tuviera que probar que no fue libre. Pero ella, la gurisa, no sólo no es libre ahora. No lo fue cuando el Estado no le dio educación sexual, esas dos palabras serias que se vuelven crueles cuando callan y palpables cuando la alfabetización debería contar que la menstruación viene todos los meses (y si no viene puede señalar un embarazo), que el cuerpo de una mujer (y niña) es suyo, que nadie puede forzarla, tocarla ni a penetrarla, que si alguien la violenta no se deje amenazar porque el violador es el otro y no –NO– presumiblemente ella, que tiene que contarle a su mamá y a su maestra si alguien la abusó e ir a un hospital a pedir ayuda, que en el hospital le tienen que dar una pastilla para que ese abuso no siga.
No es solamente una niña la que está embarazada. Es un Estado el que calla. Es Argentina la que olvida a sus nenas de 11 años. Las olvida cuando no les habla.
Y las deja, como a ella, en El Pozo, un barrio, olvidado, escondido, como su nombre, como el silencio. “¿Qué es lo que pasa con la desprotección de estas pibas? Una nena de 11 años no está en condiciones de criar a otro chico. ¿Cuándo le van a reparar algo a esta nena?”, se pregunta Irene Intebi, psicóloga, ex coordinadora del Programa de Maltrato Infantil del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y autora del libro Abuso sexual infantil: en las mejores familias.
Pero ella, la niña de 11 años, trajo a las noticias a otra niña de 11 años, también de Corrientes –de la Ciudad de Concepción–, embarazada de siete meses por la violación del marido de la mamá, al que su mamá denunció, y que ahora está detenido. Sin embargo, las dos no son dos. Son muchas. El 0,4 por ciento de los bebés argentinos nace de una mamá menor de 15 años, según cifras del Indec. La cifra descifra que 2945 chicos/as nacieron, en el 2004, hijos de mamás de 14, 13, 12 u 11 años que todavía debieran ser hijas. En el 2005 la cifra de bebés de madres precoces fue 2725. La gravedad de casi 3000 embarazos anuales de niñas madres es clara. Pero más grave de lo que se tiene en cuenta.
Una investigación realizada durante 18 años en 18 países por la Organización Panamericana de la Salud –en la que se estudiaron 854.377 mujeres latinoamericanas, entre ellas 250.000 mujeres argentinas de entre 10 y 24 años que dieron a luz entre 1985 y 2003– remarcó que la mortalidad de la mamá y de su hijo se cuadriplica cuando la mujer tiene menos de 16 años debido a un aumento de hasta el 40 por ciento en el riesgo de desarrollar anemia y sufrir hemorragias e infecciones uterinas después del parto, con respecto a las jóvenes de entre 20 y 24 años. Mientras que en los bebés de las madres menores de 15 años el riesgo de muerte dentro del primer año de vida es un 50 por ciento mayor que en los hijos de mujeres de 20 a 24 años, por la gran cantidad de partos prematuros y bebés nacidos con bajo peso que se registran en esta población.
El embarazo pre-adolescente muestra el desamparo de las desigualdades del interior de la Argentina. Por ejemplo, solamente entre enero y octubre del 2005 en Santa Fe se registraron 307 casos de embarazos en menores de 14 años. Pero además se produjeron 200 casos de embarazos en nenas con menos de 12 –¡12!– años. ¿Hay que escribirlo con signos de exclamación para que se lea? ¿Hay qué leerlo dos veces para que se escuche? Probemos: en menos de un año, en una provincia argentina, hubo 307 chicas –una fila tan larga que podría rodear la Casa Rosada– que se quedaron embarazadas a los 14 años. Pero de esas 307 chicas, 200 –dos cuadras completas o alrededor de 20 divisiones escolares– tenían menos de 12 años.
No son adolescentes, son nenas que, en realidad, tendrían derecho a un aborto no punible, ya que la maternidad pone en riesgo su salud física y psíquica. Bianco destaca: “Si el embarazo ha sido producto de una violación y hay riesgo de salud no hay ninguna duda de que la niña tiene derecho a un aborto legal en un hospital”. Sin embargo, uno de los riesgos para las madres precoces –especialmente en ese interior abismal de la pobreza– es el aborto clandestino. En el 2001 se registró un hito que quedó enmarañado por la telaraña de la crisis. Ese año, 27 adolescentes murieron por mortalidad materna, a causa de su embarazo o parto –que, en la mayoría de los casos, sucedió por un intento de un aborto sin condiciones propicias de seguridad y salud–, pero una de esas muertes fue la de una niña de entre 10 y 14 años, según la Dirección de Estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación. Una niña muerta por un aborto clandestino. “En el 2001 fue la primera vez. Pero desde ese momento todos los años hay una o dos muertes. Ya es una constante”, desnuda Bianco, una realidad pasada por alto.
La mayoría de las niñas madres son embarazadas después de un abuso sexual. Si bien puede haber relaciones sexuales consentidas, por imaginarse una edad, desde los 13 años –seguramente cruzadas por presiones y desamparos, pero donde existe algún nivel de autonomía–, a los 11 y 12 años nadie puede hablar de embarazo sin abuso. “Por definición de lo que es una agresión sexual, un embarazo en una nena de 11 años es una violación. No puede haber consentimiento. Mientras que la noticia aparece en algunos medios como ‘niña embarazada’ y no como un abuso o violación. Ni siquiera hay una reflexión sobre cómo quedó embarazada una chica de once años”, subraya sobre el tratamiento mediático de este caso Irene Intebi.
A veces el abuso es explícito y otras, el abuso de poder, aparece más borroso, al menos, para las propias madres precoces. Una ginecóloga de un centro de salud porteño recuerda: “Hace diez años tuvimos el caso de una niña de 13 años que quedó embarazada de su pareja de 39 años, amigo del padre de ella. Aparentemente para la familia funcionaban como una pareja estable. La nena esperaba gemelos con los riesgos biológicos que ello implicaba en un cuerpo aún inmaduro. El caso fue judicializado. Hoy ella tiene 25 años, una nueva pareja y otro hijo y aún se atiende en el centro de salud.”
Pero la realidad de las niñas madres no es inmodificable. Una herramienta fundamental es la educación sexual integral en todo el país que enseñe desde temprana edad a prevenir abusos sexuales y a conocer el funcionamiento del cuerpo.
En general, los embarazos se producen a partir de la primera menstruación, aunque hay excepciones en las que puede llegar antes que un sangrado habitual. “Los embarazos que ocurren antes de la menarca son muy poco frecuentes, pero pueden ocurrir porque antes de que la mujer tenga la primera menstruación, por todo el mecanismo hormonal que se pone en marcha en la pubertad, se puede dar lugar a que ocurran ovulaciones aisladas. Y, por lo tanto, si esa niña tiene relaciones sexuales puede llegar a quedar embarazada”, explica Karina Iza, médica ginecóloga del Centro Latinoamericano Salud y Mujer (Celsam) y del Centro de Salud Nº 2 de la ciudad de Buenos Aires.
La nena de 11 años de El Pozo ya está de 30 semanas. “Yo puedo hablar de su estado clínico y clínicamente están bien ella y el bebé”, dijo el director del Hospital San José de Paso de los Libres, Juan Legarreta, a Las 12. “Ella entró en estado de mutismo pero ya responde preguntas. También está inscripta en el Plan Nacer que le manda sopa, leche, cereales y compuestos nutricionales a la casa y ya dice qué quiere comer y qué no.” La nena-niña-gurisa –a los 11 años– pide chuletas. Y le dan. Pide masitas y caramelos. No le dan, o le dan apenas poquitos. No es comida de una mamá, sino de una nena.

PAGINA 12 – MARTES 17 SEPTIEMBRE 2007

domingo, 20 de julio de 2008

sábado, 8 de marzo de 2008

DIA DE LA MUJER

MUJERES CON DISCAPACIDAD


En general, la legislación relacionada con medidas de discriminación positiva hacia las mujeres se queda bastante corta, y si hablamos de las mujeres con discapacidad aún más
No existen estadísticas de la población y en sus posibles intervenciones sólo aparecen como una adjetivación más.
Para conseguir la igualdad material, y no provocar una doble discriminación, se ha de partir de las desigualdades sociales existentes. Se han de crear leyes que reconozcan las diferencias sin que estás conlleven desigualdades y que produzcan transformaciones sociales que incorporen los valores y los derechos de las mujeres.
Para que esto suceda, las mujeres han de ser visualizadas nombrándolas, y contándolas en estadísticas separadas por género y discapacidad.
Los gobiernos han de desarrollar y aplicar políticas y programas dirigidos a garantizar que todas las mujeres y con o sin discapacidad gocen de los derechos sociales básicos y programas específicos para colectivos de mujeres especialmente vulnerables y discriminadas, que respondan a sus necesidades. Por lo tanto,
• Se ha de f acilitar y promover la educación incluida en todos los niveles de enseñanzae impulsar valores más justos y solidarios para transformar la sociedad.
• Se ha de garantizar a las mujeres con discapacidad que sigan una formación, un servicio para cuidar a los hijos o a las personas mayores a su cargo, así como la posibilidad de utilizar medios de transporte accesibles.
• Las mujeres con discapacidad han de poder optar por formaciones de alto nivel con resultados prácticos que den acceso a lugares de trabajo satisfactorios y remunerados que aseguren su autonomía, igualdad de oportunidades y que potencien todas las sus capacidades.
• Se han de fomentar proyectos de auto-ocupación y de creación de puestos de trabajo para mujeres que deseen incorporarse al mundo laboral, profesionalizando su habilidades y capacidades.
• También, debería de haber medidas de obligado cumplimiento para el empresario para mejorar las instalaciones y hacerlas accesibles a las mujeres con discapacidad.
• Los gobiernos han de fomentar la utilización de lenguajes diversos y no discriminatorios en los niveles escolares, en todas sus convocatorias, y acciones.
• Los medios de comunicación han de estar sensibilizados de la necesidad de presentar imagenes positivas de niñas y mujeres con discapacidad y no mostrarlas como víctimas o como seres excepcionales. Las mujeres con discapacidad han de ser representadas en situaciones de la vida cuotidiana con la misma importancia que cualquier otra persona: profesionales, estudiantes, madres, deportistas, etc.
• Las mujeres, y sobre todo los colectivos con más dificultad, han de tener acceso y participar en las diferentes programaciones de las administraciones públicas, de actividades culturales o de ocio, y se han de tener en cuenta sus inquietudes, así como impulsar su participación también en los órganos de decisión y gestión. Es necesario también una revisión y actualización de la presencia de las mujeres con discapacidad en la producción y participación en los diferentes ámbitos de la creación cultural, contemplando sus aportaciones y valorando sus saberes y experiencias en los diversos ámbitos históricos, culturales, intelectuales, científicos y artísticos. Además, la ley ha de ayudar a cambiar imaginarios y estereotipos antiguos que fomenten actitudes y comportamientos sexistas, androcéntricos o jerarquizadores, con la presencia, representación, creación, opinión y participación con libertad de las mujeres con o sin discapacidad tanto, en las gestiones culturales como en las industriales.
• Se ha de valorar el papel ejemplificador y educativo que hace la mujer con discapacidad dentro de la sociedad por el hecho de aceptar y convivir con al diferencia.
• Las mujeres con discapacidad han de ser formadas de cara a la participación en los procesos de decisión, en la presentación de candidaturas y en la defensa de sus derechos.
• Según el tanto por ciento de la población que representan las mujeres con discapacidad (de un 8% a nivel mundial) hemos de ser representadas en todos los ámbitos de la vida educativa, laboral, política, económica y de toma de decisiones.
• También, en los órganos de decisión de las organizaciones de las personas con discapacidad, tanto gubernamentales como no gubernamentales, la presencia de las mujeres con discapacidad ha de ser paritaria.
• Las administraciones públicas han de dar ejemplo introduciendo mujeres con discapacidad en el porcentaje que estas representan en los lugares de decisión.
• Las mujeres con discapacidad han de conseguir la autonomía, la independencia y la participación social compatibles con sus capacidades.
• Se ha de dar el mismo valor y grado de importancia a las decisiones de la mujer con discapacidad en referencia a su familia, siendo valoradas con el mismo grado de importancia que las otras personas.
• Han de garantizar que la adopción de hijas y hijos, siempre evidentemente en beneficio de estos, sea posible para las mujeres con discapacidad y enfocada sin discriminación.
• Provenir una asistencia sanitaria sensible a las diferencias de sexo, género y discapacidad.
• En el diseño y evaluación de la asisténcia sanitaria se ha de tener en cuenta a las mujeres con discapacidad y se requiere la participación de estas, tanto de las usuarias, expertas en el tema como organizaciones o asociaciones de mujeres con discapacidad. Por ejemplo para adaptar las herramientas y el instrumental de salud (mesas ginecológicas, aparatos de mamografia, básculas, etc.)
• Respetar las decisiones de las mujeres con discapacidad en materia de maternidad.
• Se han de tomar medidas para evitar que las muejeres con discapacidad puedan ser sometidas a experimentaciones y/o intervenciones fraudulentas, así como las esterilizaciones forzadas.
• La afirmación misma del derecho de la mujer a la Sexualidad sea un derecho fundamental.
• Separar la formación y/o información sexual de la reproductiva (ámbito de la salud) en las mujeres en general y más concretamente en las mujeres con discapacidad.
• Considerar la existencia de la sexualidad y capacidad de seducción en la mujer con discapacidad en todos los ámbitos (educativo, social, familiar, etc).
• Se han de romper tabús y esquemas mentales a la hora de hablar de sexualidad (seducción, masturbación, y otras prácticas sexuales) hacia las mujeres con discapacidad para que tengan derecho a la garantía de recibir la misma información y/o formación sexuales que cualquier otra persona.
• También, se han de mejorar los procedimientos de incapacitación de manera que se garantice una correcta valoración de las capacidades de la persona que se quiere incapacitar, así como tomar más medidas de control de los tutores o cuidadores designados.
• Crear un sistema de vigilancia de la violencia de género centrado en la atención primaria hacia las mujeres con discapacidad cerradas o prisioneras en casa teniendo en cuenta la prevención de la violencia (entendiendo como tal, también las situaciones de abandono).
• Las mujeres y las mujeres con discapacidad han de ser educadas para no tolerar las situaciones de abuso ni de violencia, así como formadas para defenderse, especialmente en cursos de autodefensa, y para hacer valer sus derechos en caso de sufrir alguna de estas situaciones. A la vez, los agresores, así como acciones de sensibilización sobre los problemas de las mujeres con discapacidad.
• Se ha de asegurar que los centros de acogida (y también los servicios sociales de emergencia) permitan el acceso a las mujeres con discapacidad y estar adaptados a todo tipo de discapacidad.
• Se ha de reconocer como situaciones de abuso y/o violencia hacia las mujeres con discapacidad las situaciones de negligencia y de abandono físico o emocional a la que a menudo están sometidas.
• De la misma manera, se ha de evitar que los problemas comunicativos de algunas mujeres con discapacidad infravaloren la veracidad o la percepción de credibilidad del discurso cuando estás denuncian cualquier tipo de agresión o abuso.
• Se han de eliminar todas las barreras de comunicación que afectan a las mujeres con discapacidad para las que aún es más difícil llegar a todos los lugares de la ciudad.
• Se han de adecuar los interiores de todos los vehículos de transporte público a la diversidad de las personas que los utilizan, y específicamente al transporte de coches, sillas de ruedas, etc.
• Se han de ofrecer elementos de información, orientación e identificación claros, simples y adaptados a todo tipo de discapacidad en todas las paradas transporte público.
• También, han de ser accesibles las prisiones y los centros educativos para jóvenes.
• Se ha de diseñar una política integral para las mujeres sin-techo.

EL INFIERNO DE SER UNA MUJER, Y TENER PRECIO


La trata de mujeres crece en la Argentina de la mano de la “connivencia policial y política” y la “escasez de acciones orientadas a investigar y perseguir este delito”. Esta es una de las conclusiones de un extenso informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), al que accedió Página/12 en forma exclusiva, que revela la trama oculta de las redes de trata con fines de explotación sexual de mujeres y niñas en el país. La investigación constató que este fenómeno “compromete todo el territorio argentino” y que hay personas y organizaciones que “específicamente” se dedican a la venta de mujeres. Por una mujer se paga entre 100 y 5000 pesos, dependiendo de la zona, de la edad y las características de la “mercadería”. La práctica más común de captación es el engaño, pero también está extendido el secuestro, particularmente en el noroeste. Misiones fue identificada como el área principal de reclutamiento. Las provincias de destino son Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. De Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos provienen los proxenetas más importantes que operan en las redes de trata, algunos de los cuales regentean hasta 30 mujeres que alquilan a distintas whiskerías del país y las van rotando. La pesquisa determinó que puede pasar mucho tiempo hasta que una mujer puede liberarse del proxeneta que la explota y “hay casos en que nunca lo logra”.
El “Estudio exploratorio sobre trata de personas con fines de explotación sexual en Argentina” es escalofriante. La investigación no apunta a determinar estadísticamente el alcance de este delito en el país, sino a comprender cómo se desarrolla. El informe, de casi doscientas páginas, describe los mecanismos de las redes, cómo opera cada uno de sus eslabones, cuáles son las rutas del tráfico de mujeres y cuál es el perfil de las víctimas. Las prácticas de sometimiento y esclavitud de las mujeres no han cambiado demasiado de las que utilizaba la famosa Zwi Migdal, la red de polacos tratantes que operó en los años ’20 en todo el continente y fue la primera asociación de proxenetas de la historia del país.
Para la investigación, que se desarrolló entre marzo y diciembre de 2006, se relevaron 47 causas penales por delitos vinculados a la trata, y se realizaron 55 entrevistas entre funcionarios nacionales y provinciales, del ámbito legislativo y de la Justicia e integrantes de ONG; 30 entrevistas en profundidad a víctimas y tres a tratantes. Los resultados obtenidos se resumen a continuación:
- Hay un predominio de la trata interna, aun cuando fueron identificados casos de trata internacional, sobre todo de mujeres de nacionalidad paraguaya que ingresan por Misiones y Entre Ríos.
- Aunque el estudio no cubrió todo el territorio argentino, el trabajo de campo y el contacto con distintas fuentes de información permitió inferir que “todas las provincias están implicadas”: algunas como puntos de origen, como Misiones y Santa Fe, y otras como puntos de destino, como Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego.
- Se constató que la práctica del secuestro es común para captar mujeres, particularmente desde la provincia de Tucumán hacia La Rioja.
- Las víctimas son mujeres mayores y menores de edad de origen humilde que viven en zonas muy pobres, con precario nivel educativo, que reduce sus posibilidades laborales y un entorno familiar inestable y no contenedor.
- La forma más común mediante la cual logran escapar las mujeres es con la ayuda de algún cliente con el que llegan a establecer una relación de confianza y al cual revelan la realidad de su situación.
- En las investigaciones judiciales aparecen implicados “en forma recurrente funcionarios públicos y políticos”.
- Se observaron “con preocupación” prácticas que van desde “la tolerancia omisiva hasta la activa protección de los tratantes por parte de miembros de fuerzas de seguridad”.
- El análisis de las causas judiciales revela que fiscales y jueces “carecen de conocimientos básicos para el abordaje de estas formas de delincuencia”.
- Otro “déficit” de la resolución de los casos radica en que en las pocas condenas que existen tras extendidas investigaciones, “la comprobación de los hechos se agota en la identificación del regente o dueño del prostíbulo en el mejor de los casos”.
- En la provincia de Buenos Aires, en el marco del relevamiento judicial, se identificaron casos de trata en Avellaneda, Cañuelas, Dolores, José C. Paz, La Plata, Los Polvorines, Luján, Mar del Plata, Necochea-Quequén, Pablo Nogués, Salto, San Miguel y Zárate-Campana.

RECLUTADORES
La investigación detectó tres tipos de tratantes: reclutadores, proxenetas y regentes de prostíbulos. Para su trabajo recurren a la protección de “funcionarios públicos” y de “miembros de las fuerzas de seguridad”. Pero los tratantes también necesitan de la labor de otros “operadores secundarios”, como empleados de empresas de transporte que garantizan pasajes para el traslado de mujeres o documentación de viaje a disposición, personal de compañías de telefonía celular que proveen líneas “seguras” e individuos encargados de confeccionar documentación falsa para menores y extranjeros.
El estudio de la OIM encontró que “la captación mediante engaño” es la principal forma de reclutamiento de mujeres para su explotación sexual. La provincia de Misiones es el territorio proveedor más importante. Son vendidas a prostíbulos de distintos puntos del país mujeres de las ciudades misioneras de Posadas, Puerto Iguazú, Eldorado, Oberá, El Soberbio, Apóstoles, San Vicente, Campo Grande, Vapiovi, Puerto Rico, San Ignacio y Wanda, entre otras. Las reclutan a través de falsos ofrecimientos de empleo: las propuestas pueden variar desde trabajar en un restaurante, una rotisería o una fábrica, cuidar bebés o ancianos o participar de promociones. Hay reclutadores que trabajan “en relación de dependencia” para los regentes de los prostíbulos y los que lo hacen en forma independiente.
Otra modalidad común, aunque más sofisticada, a través de la cual operan los reclutadores es la realización de un “casting” en un hotel de las zonas de captación de chicas. La convocatoria se hace mediante la publicación de avisos clasificados en un diario o propaganda en alguna radio.
También es frecuente que la actividad de reclutamiento quede en manos de mujeres que ejercen la prostitución en determinados lugares: a veces son obligadas a reclutar a otras mujeres bajo coacción, indica el informe de la OIM. “Los regentes de los prostíbulos amenazan a las mujeres con dañar a su familia en su lugar de origen si no regresan o si lo hacen con menos chicas de las encargadas”, advierte el estudio.
Los investigadores pudieron verificar que en muchos casos los reclutadores actúan en pareja y simulan ser un matrimonio, a veces, incluso, con niños. “De esta manera brindan mayor confianza a las mujeres y sus familias para creer en el ofrecimiento de trabajo como niñera o empleada doméstica y el engaño se vuelve más efectivo, tal como lo confirmaron en entrevistas algunas víctimas”, destaca el paper.
En algunos casos, los reclutadores funcionan como “comisionistas” y tienen contactos con prostíbulos en distintos lugares del país de los que reciben pedidos específicos o a los cuales ofrecen las mujeres que hayan reclutado, señala el estudio. Por cada mujer captada los prostíbulos suelen pagar una comisión que varía entre 100 y 500 pesos, dependiendo de la “calidad” de las mujeres: “cuanto más jóvenes, más costosas”, sostiene la investigación. Se han detectado casos donde específicamente se solicitan mujeres menores de edad con documentos falsos. En otros, les piden que no busquen mujeres mayores de 23 años.
Los comisionistas pueden trabajar con terceros como remiseros, taxistas, vendedores ambulantes o vecinos que “bajan al terreno”: el informe aclara que pueden o no saber el verdadero destino de las mujeres o las condiciones del trato propuesto y cobran un precio estimado de 50 pesos por mujer captada.

SECUESTRO
La investigación detectó “numerosos casos de víctimas de trata que han sido secuestradas por proxenetas, regentes de prostíbulos o sus empleados, personas y organizaciones que se dedican al rapto de mujeres para su posterior venta a los otros operadores de la red”. El noroeste del país, señala la OIM, muestra “una asombrosa frecuencia” de esta metodología de captación de mujeres. Se trata de una práctica habitual de los proxenetas santafesinos, aunque también se han encontrado casos en Tucumán y Chaco.
El secuestro no se realiza improvisadamente. “En primer lugar, se efectúa un trabajo previo de inteligencia mediante el cual se identifican y “marcan” mujeres que cumplen las exigencias de los circuitos de trata. Posteriormente se monta un operativo tipo comando del que participan un grupo de personas donde las mujeres son interceptadas en la vía pública y forzadas a subir a un automóvil. Inmediatamente son drogadas para evitar que opongan resistencia y son trasladadas a un lugar donde son violadas y golpeadas una y otra vez. De este modo, las mujeres son sometidas y “preparadas para ser explotadas sexualmente”, señala el informe. El caso de Marita Verón, la joven secuestrada el 3 de abril de 2002 en plena calle de San Miguel de Tucumán y posteriormente trasladada a prostíbulos ubicados en La Rioja y otras provincias del país, es un “caso paradigmático” de trata mediante secuestro, puntualiza la OIM.
De acuerdo con el estudio, los casos judicializados analizados muestran que quienes utilizan el secuestro como medio de captación o reclutamiento “gozarían de vínculos directos con autoridades políticas, judiciales y policiales”.

PROXENETAS
A diferencia de los regentes de prostíbulos que tienen a su cargo la administración y gestión de estos lugares, los proxenetas obtienen ganancias de la explotación sexual de una o más mujeres de su propiedad que circulan a través de las distintas instancias de la red, pero que no cuentan con establecimientos propios para que estas trabajen. “La explotación puede darse sobre mujeres que previamente ejercían la prostitución o que nunca antes lo habían hecho”, destaca el estudio. El relevamiento de causas judiciales y la entrevista a víctimas de trata reveló que el medio “más clásico” de reclutamiento de los proxenetas es el “enamoramiento”, por ello se los denominan también “maridos”. “Es decir –describe el informe–, simulan una relación sentimental y utiliza la vulnerabilidad que dicha relación genera en las mujeres”. Una de las modalidades constatadas por los investigadores mediante la cual los proxenetas consolidan el vínculo “sentimental” al tiempo que aseguran la coacción sobre sus mujeres es tener con ellas un hijo al que reconocen legalmente.
Santa Fe, Mendoza y Entre Ríos han sido identificadas por distintos informantes calificados como las provincias de donde provienen los proxenetas “más importantes que operan en las redes de trata”, revela el informe de la OIM. Ellos envían a sus mujeres –algunos pueden llegar a tener treinta– bajo el sistema de plazas o alquiler a distintos cabarets y whiskerías en todo el país, especialmente Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Chubut y Santa Cruz, donde son explotadas sexualmente, señala el estudio. Algunas mujeres que pueden generar hasta 1200 pesos por día. Y un proxeneta puede alcanzar una ganancia neta de 13 mil dólares por año por mujer.
“Generalmente pasa mucho tiempo hasta que una mujer logra liberarse del proxeneta que la explota y hay casos en que nunca lo logra”, señala el estudio. Las modalidades detectadas mediante las cuales una mujer puede romper esa relación son: comprar su libertad mediante una suma de dinero, reclutar a otra mujer que pueda ocupar su lugar o ser abandonada por el propio proxeneta cuando la edad, una enfermedad o alguna otra razón le impide producir las ganancias esperadas.

EL INFIERNO
La investigación cuenta que las mujeres engañadas o secuestradas que llegan a los locales se reconocen fácilmente porque son “las que lloran”. Si la mujer opone resistencia y se niega a ser explotada sexualmente, el regente o sus empleados ponen en marcha los distintos mecanismos de disciplina. “La mujer es violada y golpeada una y otra vez hasta que asuma su nueva condición y acepte pasar al salón a prostituirse. Asimismo, en estos casos suelen amenazarla con matarla o lastimar o matar a su familia en su lugar de origen”, describe el informe.
En los prostíbulos las mujeres pierden todo contacto con el mundo exterior. “Su circulación se reduce al salón principal del local y las habitaciones donde se efectúan los pases y en las cuales generalmente se encuentran encerradas bajo llave cuando no trabajan”, precisa la investigación de la OIM. Los preservativos que usan y la ropa con la que trabajan, tangas y corpiños, se las cobran: los gastos se anotan en una cuenta en la que ellas siempre terminan debiendo dinero al regente del local. Cuando les permiten efectuar llamadas telefónicas a su familia también lo hacen vigiladas para evitar que revelen su verdadera situación. Se han detectado casos de locales con sofisticados sistemas de vigilancia con circuitos cerrados de televisión con cámaras en todos los espacios del local, vidrios blindados o altos muros alrededor del cabaret o whiskería.

Mariana Carbajal para Página/12